Resumen: Frente a la sentencia de instancia que declara extinguida con derecho a la indemnización del despido, la relación laboral a instancia de la actora, recurre la empresa en suplicación. La Sala de lo Social rechaza, primero, la nulidad de actuaciones interesada, por no concurrir insuficiencia de hechos probados ni ser la valoración de la prueba testifical arbitraria, no existiendo defecto procesal alguno; en segundo lugar, descarta la revisión fáctica interesada por no reunir los requisitos jurisprudenciales para ello; y, en tercer lugar, desestima el recurso dado que, la acción extintiva no está prescrita, pues siendo dos las causas de extinción contractual ha quedado acreditada la falta de pago del complemento de mejora del subsidio de IT que el convenio sancionaba, durante ocho meses, lo que supone un impago o retraso del complemento de carácter grave, lo que hace innecesario el examen de la segunda de las causas extintivas, la MSCT.
Resumen: No se ha aportado indicios bastantes por parte de la demandante para estimar que la empresa ha tomado la decisión de proceder a la modificación de sus condiciones de trabajo con ánimo de lesionar su derecho a la conciliación de la vida familiar o discriminación por razón de sexo/género, pues resulta evidente que tal modificación tenía y tiene un alcance general para todos los trabajadores de la empresa, con independencia de su situación personal, hasta el punto de haberse adoptado la medida (turnos rotativos de mañana y tarde) para todos los trabajadores sin distinción, si bien con reconocimiento de una compensación económica, esto es, la decisión no responde a una decisión particularizada en la demandante, sino adoptada con carácter general y respaldada por el comité de empresa. La empresa, pese a disponer de un acuerdo suscrito con la representación legal de los trabajadores de la empresa, en ningún momento ha requerido a la demandante para realizar la jornada de trabajo de modo diferente a como venía realizando con horario de 9.30 a 15.00 horas, desde que se le reconoció dicha jornada por cuidado de hijo menor.No se ha producido la violación del derecho fundamental alegado, ni se ha causado perjuicio o daño moral evaluable económicamente, y por ello ha de estimarse el motivo de recurso examinado, con revocación parcial de la sentencia de instancia, en lo relativo a tal particular.
Resumen: La actora recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que declara procedente su despido disciplinario. La Sala de lo Social estima el recurso y declara la nulidad de la sentencia recurrida ya que en esta no se resolvió con carácter prejudicial la primera cuestión planteada, que no sería otra que la determinación de quién sería el verdadero empleador, pues en la demanda se alega que el actor tenía derecho a haber optado, como representante de los trabajadores, por permanecer en la empresa saliente o en la entrante de acuerdo con el convenio sectorial; y tampoco se resuelve si la subrogación fue o no correcta, o los datos sobre la condición o no de representante de los trabajadores del actor, de modo que la sentencia incurre en incongruencia omisiva.
Resumen: Se declara la nulidad del acto del juicio y de la sentencia recurrida, estimándose el motivo primero del recurrente, el que por la vía del art. 193 LRJS, apartado a) así lo pedía. Se trata de una demanda de la empresa en la que se impugna el recargo por omisión de medidas de seguridad que se le ha impuesto. En el acto del juicio la demandante instó la prueba pericial para desvirtuar lo contenido en el acta de la Inspección, prueba que se denegó porque no habiéndose impugnado la resolución de sanción administrativa se consideró innecesaria. La Sala no comparte este criterio y apoyándose en la transcripción de otras resoluciones precisa que la proposición y practica de la prueba es un derecho que encuentra su apoyo en el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en el principio dispositivo y en el de aportación de parte, y la prueba que se denegó era pertinente y necesaria, por lo que no había motivo para su rechazo, lo que conduce a declarar la nulidad del juicio.
Resumen: Revoca la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como responsable de un delito falso testimonio y dispone su libre absolución. Acusado que al declarar como testigo en juicio por delito leve niega ser la persona que utiliza un seudónimo que en otra causa penal y en calidad de investigado afirma haber utilizado en redes sociales. Nulidad que no ha sido instada en la fase procesal habilitada al efecto, es decir, en el trámite de cuestiones previas al juicio oral, que impide su alegación en apelación. Juicio celebrado en ausencia del acusado, debidamente informado de la posibilidad de celebración en ausencia de no comparecer y alegar justa causa. Declaración del acusado por videoconferencia que es solicitada y no fue considerada por el Juzgado a pesar de la previsión del art. 258 bis de la LECrim. Delito de falso testimonio en causa penal. Solo se comete cuando puede afirmarse categóricamente que el testigo ha faltado a la verdad en su relato como testigo. No es suficiente para afirmar que el testigo ha faltado a la verdad las manifestaciones que realizó en otra causa penal en calidad de investigado, pues en esa condición no estaba obligado a decir la verdad y no se ha aportado a la causa ningún otro elemento que corrobore las declaraciones ofrecidas en tal condición de investigado.
Resumen: El recurso se desestima en cuanto a los motivos formulados por el condenado a 13 años, 6 meses y 1 día de prisión por un delito continuado de agresión sexual sobre menor de 16 años del art. 183.1, 2 y 3 CP (LO 1/2015). Se confirma la decisión de practicar la exploración del menor por reproducción de la prueba preconstituida, de modo acorde con la jurisprudencia de esta Sala Segunda, para evitar la victimización secundaria de la menor. También se constata la existencia de prueba de cargo bastante y la corrección de la continuidad delictiva apreciada, la cual, en todo caso, resultaría más beneficiosa para el reo que la punición separada de los hechos enjuiciados. No obstante, la modificación operada por la LO 10/2022 de 6 de septiembre, impone analizar la posible aplicación retroactiva de la ley penal posterior, lo que en el caso se rechaza. Los hechos declarados probados encajan en el art. 181.1, 2, 3 y 4.e CP (LO 10/2022), prevalimiento de una situación de convivencia, por lo que el arco de la pena de prisión aplicable sería el de 12 años, 6 meses y 1 día a 15 años. La continuidad delictiva determina la aplicación de la pena en su mitad superior, por lo que la pena a imponer se situaría entre 13 años, 9 meses y 1 día y 15 años, superior al contemplado en la anterior legislación. Además, la LO 10/2022 obligaba a imponer las penas previstas en el art. 192.3 CP. Por ello, el marco penológico aplicable con la ley posterior resulta más perjudicial para el condenado.
Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda sobre despido objetivo pero entiende que la indemnización no es ajustada a derecho y debe ser incrementada conforme al salario que el trabajador debería haber percibido conforme al convenio colectivo que se debería haber aplicado. Frente a la sentencia se interpone recurso de Suplicación tanto por el trabajador como poro la empresa. Desestima en primer lugar la Sala el motivo de nulidad alegado por el trabajador por una posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al haberle denegado una prueba de grabaciones. Desestima también los motivos de revisión de hechos probados solicitada por ambas partes. Como motivo de denuncia jurídica, la empresa plantea un primer motivo cuestionando el convenio que aplico la sentencia recurrida , que es el de jardinería y argumenta que el convenio que se debe de aplicar es el de jardinería. La Sala, después de una amplia argumentación, concluye compartiendo el criterio de instancia , que el convenio de aplicación es el de jardinería por ser esta la actividad preponderante y principal de la empresa y teniendo en cuenta que en el contrato de trabajo no se hacía constar convenio alguno de aplicación. Desestima también el motivo alegado por la empresa de incongruencia y en cuanto al valor liberatorio de finiquito también se desestima puesto que no se hacen constar los conceptos ni referencia al despido. Desestima el motivo del trabajador siendo el error en la indemnización excusable.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de robo con intimidación con uso de arma. Agravante de disfraz. Se rechaza la petición de nulidad porque habiendo solicitado el letrado copia íntegra de las actuaciones no se le facilitó. El tribunal considera que no existió indefensión. Por otra parte, existió una sucesión de letrados debiendo el letrado anterior facilitar la documentación necesaria para la defensa al posterior conforme a la normativa colegial por lo que habiendo recibido el primero la documentación oportuna no puede afirmarse la existencia de vicio de nulidad. La aplicación del subtipo atenuado de menor entidad del hecho lo que no se considera posible por el uso de disfraz y el empleo de arma blanca en los asaltos enjuiciados máxime cuando una de las las víctimas sufrió, desde entonces y como consecuencia de ello, lesiones psíquicas. Valor probatorio de los testimonios de las víctimas. La atenuante de trastorno mental transitorio.
Resumen: Se aprecian numerosos errores en la sentencia. En los fundamentos jurídicos de la resolución se valora la prueba y se dan por acreditados unos hechos que posteriormente no tienen reflejo en los hechos probados. Incongruencia omisiva en relación a la consideración de los hechos como delito de acoso, sin que se recoja en los hechos probados de la sentencia el cambio diferencial entre la situación de la víctima antes y el después de la situación sufrida: es insuficiente la referencia a que el ánimo del acusado era alterar la tranquilidad de la víctima. Evidente insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, al no dar respuesta a la absolución de los delitos de quebrantamiento solicitados por la acusación particular, que considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de acoso en concurso ideal con un delito continuado de quebrantamiento de condena; en la sentencia solo se condena por un delito de acoso en concurso ideal con un delito continuado de quebrantamiento de condena, sin razonar por qué absuelve del otro. Insuficiente justificación para considerar que los hechos probados, relacionados con el delito de amenazas e injurias, deben ser subsumidos en los tipos penales correspondientes.
Resumen: Se estima el recurso de uno de los condenados por infracción del principio acusatorio. El recurrente fue condenado, no como autor, sino como cómplice en comisión por omisión de un delito continuado de apropiación indebida, afirmando que por su posición en la Asociación tenía la condición de garante. Desde la perspectiva del principio acusatorio ningún problema existe en que el tribunal aprecie complicidad cuando las acusaciones hayan estimado la existencia de autoría. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del cambio de imputación respecto del tipo de acción desplegada por el autor. Desde un plano dogmático no es lo mismo la acción que la omisión. Ambas categorías tienen diferencias muy significativas. De esta manera, se introdujeron de forma sorpresiva estos elementos fácticos y normativos, a los que no se hacía mención en las conclusiones de las acusaciones y que suponen una lesión del principio acusatorio y del derecho de defensa. También se absuelve al condenado como cooperador necesario de la apropiación efectuada por su esposa por insuficiencia del hecho probado. Resulta obligado precisar qué elementos caracterizan a la cooperación necesaria para determinar si el relato de la sentencia hace alusión a ellos, siquiera sea de forma sucinta, bien de forma expresa o implícita. El hecho de que el recurrente consintiera los ingresos o no realizara actuación alguna para su devolución constituye un acto posterior a la ejecución del delito impune.
